JZI está sacudido por una guerra legal de enorme envergadura que involucra a múltiples de sus directivos en España. Esta disputa, que aparece en 2022, ha cobrado un nuevo impulso con la presentación de una querella en Valencia, en la que se acusa a cinco altos ejecutivos de orquestar un esquema para comprar control en diversas compañías, valiéndose inapropiadamente de los activos de Gedesco Finance, una entidad bajo el control mayoritario de JZI.
Los acusados tienen dentro a los gestores de JZI en Europa, a los fundadores y principales directivos de Gedesco, y a otras figuras clave, todos señalados por haber desviado elementos hacia la compra de participaciones en al menos veinte compañías sin el permiso de JZI. Esta maniobra, según las alegaciones, se realizó a través de una compleja composición corporativa famosa como 'Trama Stator', implicando un presunto desfalco de 100 millones de euros.
El caso encuentra sus raíces en la adquisición por parte de JZI de una participación controladora en Gedesco en 2007, pero fue en 2016 cuando las tensiones han comenzado a gestarse seriamente. Este fue el año en que los fundadores de Gedesco procuraron, sin éxito, negociar la venta de su parte a JZI, una situación que desencadenó la serie de acontecimientos controvertibles que ahora se encuentran bajo escrutinio judicial.
Las operaciones en el centro de la disputa engloban desde adquisiciones de empresas clave en el campo hasta maniobras financieras y contables que habrían escondido la auténtica leer más naturaleza de las transacciones a los inversionistas y al consejo de Gedesco. La investigación sobre estas prácticas comenzó cuando JZI apreció irregularidades financieras y operaciones que no coincidían con sus registros, lo que llevó al fondo a arrancar acciones legales.
El entramado de solicitudes y contraquerellas fué complicando el escenario, con acusaciones que tienen dentro estafa, falsedad contable y apropiación incorrecta, entre otros muchos. Este complejo caso legal no solo destaca los desafíos inherentes a la administración y supervisión en el ámbito del capital riesgo sino que asimismo expone las bien difíciles activas que pueden surgir entre inversores y administradores.
Conforme el caso continúa desarrollándose en los tribunales, con múltiples frentes legales aún libres, la red social financiera continúa atenta a las consecuencias que podría tener este conflicto en la percepción del peligro y en las prácticas de gobernanza corporativa en el sector. Lo que está claro es que este pleito subraya la relevancia de la transparencia, la seguridad y la compromiso en las relaciones entre fondos de inversión y las entidades en las que invierten. Hasta entonces, el desenlace de esta guerra legal podría sentar un antecedente significativo para el futuro de las operaciones de capital riesgo, en especial en lo que respecta a la gestión de enfrentamientos y la protección de los activos y derechos de los inversores.